Transferencias de dinero en la mira de la SBP

Fuente: El Financiero

A partir del próximo 5 de mayo en Panamá toda transferencia de dinero, nacional o internacional, que se realice en el país requerirá del cumplimiento de un fuerte dispositivo de medidas de prevención de blanqueo de capitales, cuyos datos los bancos están obligados a conservar por cinco años.

El Acuerdo 2 de 2017 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) “actualiza las disposiciones sobre transferencia de fondos”, un asunto que desde 2005 no se revisaba y que por razón de la ley 23 de 2015 establece las medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

El propósito es que a lo largo de toda la cadena de pago estén a disposición “de las autoridades competentes” los datos del originador y el beneficiario de la transferencia conforme a las “recomendaciones” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el uso de este medio de pago por parte de terroristas.

La SBP advierte que la medida atañe a los bancos de licencia internacional, bancos oficiales y bancos de licencia general “que realicen en el giro de sus operaciones transferencias de fondos, en calidad de banco ordenante, intermediario o beneficiario” independientemente si el ordenante y el beneficiario es la misma persona.

Las transferencias de fondos por cajero automático, banca por internet, terminales de autoservicio, entre otras, caen también en esta regulación, que exige contar con los datos del ordenante, su dirección, prueba de que mandó a hacer la transferencia con el número de cuenta desde donde sale el dinero, su dirección domiciliaria o postal, la fecha del envío, entre otros datos.

Además, del beneficiario, también debe mantener su identificación, en qué cuenta recibe el dinero, cuál banco lo recibe, en qué país y cualquier otro dato que ayude a su identificación.

No solo el banco debe tener la información disponible para las autoridades judiciales competentes, sino también para la Unidad de Análisis Financiero.

Exceptúa el recaudo de todos los datos, en el caso de transferencias nacionales, los montos de 1.000 dólares o inferiores, sobre los que solo debe contar con el número de cuenta o de la transacción.

Para las transferencias internacionales no se hace excepciones.

El banco está obligado a suministrarle al cliente constancia física o electrónica de la transferencia de fondos.

Además, debe tener los datos de las transferencias en lote, de un remitente a varios beneficiarios, de cada uno de los receptores del dinero.

La obligación de guardar cinco años la información se contará a partir del momento en que se ordena la transferencia, pero la SBP además le exige a los bancos tener las herramientas para darle seguimiento a la transacción y mantener los datos de los archivos actualizados en medios informáticos o electrónicos.

En el caso de las transferencias internacionales el banco intermediario deberá mantener un registro, mínimo de 5 años, “con toda la información recibida del banco ordenante o de otro banco intermediario, cuando existan limitaciones técnicas que impidan que la información requerida sobre el ordenante o beneficiario que acompaña a dicha transferencia permanezca con una transferencia nacional relacionada”, acota.

Advierte que si las transferencias se hacen por medio de tarjeta de crédito o débito, deberán cumplir con estas mismas exigencias.

Quienes quedan exceptuadas de esta norma son las transferencias entre bancos, las transferencias de fondos en una transacción comercial en la que se usó tarjeta de crédito o débito, y las transferencias de fondos que se encuentran vinculadas a una cuenta de trámite simplificado, para la que solo se requiere los datos del ordenante.

La Superintendencia, entre otros detalles, advierte a los bancos que deben cumplir con la debida diligencia con la política de “conozca a su cliente”, mantener procedimientos adicionales de alerta y seguimiento, para detectar operaciones sospechosas y cuanto mecanismo de prevención propios considere para asegurarse que no se den operaciones de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

Lo mismo recuerda que no se debe hacer transferencias a entidades que no tienen la presencia física requerida o a las personas o entidades que están listados como terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las sanciones administrativas, de acuerdo a la ley bancaria de hasta un millón de dólares, serán aplicables a quienes no cumplan con esta disposición, advierte la SBP.

“Las multas y sanciones impuestas por el Superintendente son independientes y sin perjuicio de otras multas o sanciones que procedan por actos violatorios de cualesquiera otras normas o leyes aplicables y de las sanciones civiles o penales que puedan corresponder”, advierte la ley bancaria en su título IV, aplicable en estos casos.