Panameños enfrentan alza del impuesto de la propiedad

Fuente: Panamá América

La intención del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de evaluar la ley de interés preferencial para dar mayor incentivo a las viviendas con costos entre $80 mil y $120 mil, contrasta con la medida aprobada por su administración gubernamental sobre revalorizar las propiedades, lo que podría dejar a muchos panameños sin un lugar donde vivir.

Y es que la clase media del país se enfrenta a una revalorización de oficio de sus propiedades por parte de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), lo que aumenta de esta manera el valor de las propiedades y, por ende, del Impuesto de Bien Inmueble, de no poder pagarlo, la propiedad puede ser rematada.

Mientras se quiere dar un supuesto beneficio para la compra de nuevas viviendas, por otro lado personas que tienen propiedades desde hace más de 20 años están en riesgo de una expropiación maquillada, según lo considera el economista Juan Jované, ya que tendrían que vender por no contar con la capacidad económica para pagar el impuesto de inmueble.

 

El artículo 69 de la Ley de Descentralización aprobada en octubre de 2015, señala que los avalúos generales y parciales se harán cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y Avalúos de la Anati siempre que respondan a una programación debidamente estructurada de conformidad con los procedimientos que establece este código.

Ante esta situación se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto 43 por la diputada Zulay Rodríguez, que se encuentra esperando desde el 12 de enero de 2015 el segundo debate en el pleno legislativo, el cual podría poner fin a este dilema.

Sin embargo, no ha existido la voluntad por parte de los diputados de la Asamblea por aprobarlo, e incluso el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, aseguró, en su momento, que de aprobarse se vetaría.

«La clase media, los jóvenes profesionales, clase humilde, agricultores tienen el riesgo de perder sus propiedades porque no podrán pagar un impuesto que representa una segunda hipoteca de por vida, y el día que no puedas pagarla te quitarán el hogar que tanto costó adquirir», dijo la diputada Rodríguez.

El proyecto 43 pone las reglas de cómo se realizarán los avalúos por escrito, en blanco y negro, es un proyecto social que salvaguarda las viviendas, hogares, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias porque no solo elimina los reavalúos que pueden realizarse oficiosamente, sino que reglamenta los reavalúos presentes y futuros», explicó la diputada.

El proyecto, según Rodríguez, busca eliminar no solo los reavalúos, sino que se disminuya el impuesto del bien inmueble del 2.10% a 0.25%, ya que actualmente es un impuesto expropiatorio y confiscatorio.

Indicó que en Panamá es donde se paga el impuesto de bien inmueble más alto de 2.10% sobre el valor de la propiedad, cuando en otros países el promedio oscila entre 0.25% y 0.5%.

Destacó que no es lo mismo pagar 2.10% sobre una propiedad que tiene un valor de 40 mil dólares que cuando la revaloricen alcanzando un costo de 150 mil dólares.

De acuerdo con los expertos, la Anati está haciendo avalúos comerciales y no catastrales, por lo que las propiedades aumentan considerablemente.

Según informes de la Dirección General de Ingresos, en pago del impuesto de inmueble se tenía presupuestado recaudar hasta noviembre un total de 122 millones 628 mil dólares, y se logró la recaudación de 132 millones 749 mil dólares, es decir, $10 millones más de lo presupuestado.

En un programada televisivo, la abogada Nuvia Cedeño denunció que anteriormente ella pagaba de $300 a $400 anuales en Impuesto de Bien Inmueble, sin embargo, al acercarse a la Dirección General de Ingresos (DGI), se percató de que tenía que pagar $4,000 anuales, dada la revalorización de su propiedad.

Otro caso que también se dio a conocer es el de una panameña que tenía una propiedad de $60 mil en Marbella; sin embargo, con esta medida le revalorizaron la vivienda en 1 millón 200 mil dólares, así que tendría que pagar $30 mil anuales, mientras que anteriormente pagaba un impuesto de $1,200 anuales. También se presentó el caso de la empresaria Úrsula Kiener, miembro de la Cámara de Comercio, quien adquirió un terreno en Bocas del Toro por un valor de $60 mil, sin embargo, cuando fue a registrarlo le dijeron que el valor de la propiedad era de $150 mil.