La información fiscal no afecta a los depósitos

Fuente: La Estrella de Panamá

Hay dos términos en inglés cuya pronunciación es muy parecida, pero su significado es distinto: ‘heaven’, que significa ‘paraíso’ y ‘haven’, ‘refugio’.

Al iniciar el negocio en la década de los 70, la firma de abogados Mossack Fonseca recibía cientos de solicitudes de sociedades anónimas de sus clientes, los bancos europeos, abogados, contadores, etc. Nadie en la oficina de los abogados tenía la más mínima idea quiénes eran los beneficiarios finales. Tampoco tenían por qué saberlo, la ley del país no lo exigía.

Los creadores de estas sociedades anónimas, es decir, el bufete Mossack Fonseca & Company (MF & CO) confiaban en el buen criterio de sus clientes, que por lo general eran colegas abogados, fiduciarias y bancos, a quienes consideran sus pares o profesionales bien capacitados en cada uno de sus respectivos países. Personas que debían cumplir con los parámetros legales en cada jurisdicción.

Las sociedades offshore proliferaban en la ‘maquila’, como conocían al departamento de producción del despacho.

En palabras de Jürgen Mossack, socio y fundador de MF & CO, a través del tiempo la firma incorporó entidades en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Luxemburgo, Islas Man y otros lugares donde les interesaba tener presencia.

Así crearon la figura de franquicia. Sin tener que invertir un centavo, sus representantes se encargaban de instalar su propia oficina, invertían recursos y pagaban al despacho en Panamá honorarios o comisiones por las ventas realizadas.

EL LADO OSCURO

Paralelamente, se generó otra negocio, tal vez no tan ético u honesto en un sector en el que todas las firmas de abogados estaban recibiendo las mismas solicitudes. Surgieron las llamadas ‘shell companies’, empresas ‘cascarón’, y las ‘shelf companies’, empresas de papel, que ‘guardaban’ a propósito los abogados para atender un mercado emergente que no quería responder muchas preguntas.

Sin ser ilegales, estas empresas pueden tener como propósito ocultar bienes mal habidos; dineros producto del robo, narcotráfico, trata de personas, evasión fiscal y sobornos, de los que se quiere ocultar el rastro.

Desde el punto de vista de la ley panameña, desde 1994 mediante Decreto Ejecutivo 468 de 19 de septiembre de ese año, existía la obligación de conocer al cliente. La obligación se limitaba a efectos de prevenir el delito de blanqueo de capitales producto del narcotráfico.

A partir de febrero de 2011, el abogado estaba obligado a conocer a su cliente y desde 2015, se exige también indagar quién es el beneficiario final de las sociedades creadas y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en caso de sospecha de actos ilícitos.

La Estrella de Panamá conoció que desde ésta última fecha, la firma Mossack Fonseca efectuó doscientos reportes a la UAF sobre actividades sospechosas.

EFECTIVIDAD DE LOS TRATADOS

Panamá concentra solo el 0.5% de los depósitos de paraísos fiscales (2007-2011), Hong Kong tiene el mayor porcentaje 2.5%, seguido de Islas Caimán, con el 2.3%.

Después de la publicación periodística denominada ‘Papeles de Panamá’, el 3 de abril de 2016, el Gobierno decidió unirse a la convención multilateral de intercambio de información en materia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 18 de julio de 2016, para impulsar la transparencia y combatir la evasión fiscal entre fronteras.

¿Qué tan efectivos son estos tratados bilaterales?

Gabriel Zucman, un cerebro de la economía graduado de la Universidad de Berkeley, en California, EE.UU., efectuó un estudio acerca del impacto que causan los tratados bilaterales de asistencia fiscal en los países considerados paraísos fiscales.

De acuerdo con Zucman, los depósitos bancarios no sufren grandes cambios.

Primero, según el autor, porque los evasores no movieron su dinero de esos sitios al considerar que los tratados no incrementaban la posibilidad de ser detectados. Muchos evasores utilizan offshores creadas en Panamá y las BVI como tenedores nominales de sus cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales que confunden sobre quién es el verdadero dueño del dinero.

Esta es una forma de burlar los tratados bilaterales para el intercambio de información. En el caso de que los evasores fiscales respondan a los tratados que firma el país, estos mueven su dinero a otros paraísos fiscales, dejando intacto el monto que se esconde en el mundo en estos sitios.

Estos datos los publicó Zucman en su libro ¿The end of bank secrecy? (¿El final del secreto bancario?).

El autor acuñó una máxima: ‘el dinero siempre huele un paraíso fiscal, es como un imán’.

Los paraísos fiscales dejan de serlo cuando alcanzan la firma de doce tratados, lo que deja un margen amplio a los evasores para depositar su dinero en lugares con los que no se tengan esos tratados. Según Zucman, el monto de los depósitos en los paraísos fiscales no ha cambiado en dos años desde la crisis de 2008, pero los paraísos fiscales que firmaron tratados perdieron depósitos en comparación con aquellos que firmaron menos tratados bilaterales.

Panamá ha firmado 25 tratados de doble tributación (para evitarla) y comparte información con más de 100 países, gracias a la reciente inclusión en la Convención de Asistencia Legal Mutua.

Producto de lo que han demostrado los tratados bilaterales, se ha insistido últimamente en los tratados o convenciones multilaterales que busca superar las deficiencias.

TRATADOS VS. DEPÓSITOS

En efecto, la tesis de Zucman parece aplicarse a Panamá. La posibilidad de compartir información con otras naciones no ahuyentó a los cuentahabientes.

Según datos de la Superintendencia de Bancos, el total de activos del centro bancario a noviembre de 2016 se contabilizó en $119 mil millones, 1.7% más que en marzo de 2016, antes del escándalo mundial que protagonizó la firma panameña.

Hasta la semana pasada, los índices revelaban un 61.67% de liquidez en el sistema.

En pleno escándalo de los ‘Panama Papers’ (abril de 2016), registraba 60.31%, lo que revela que el movimiento de capitales no ha afectado la salud de la banca panameña.

LA MERMA DE LAS S.A.

La creación de sociedades anónimas, en cambio, ha disminuido.

En 2015, se inscribieron 26,865, pero un año después se registraron 18,593.

El negocio ha sufrido merma porque los bancos con frecuencia se abstienen de abrir cuentas a nombre de sociedades anónimas, ante la insistencia de muchos países en los que estas sirven para ocultar bienes.

Las corporaciones simuladas hoy en día, según Zucman , son el equivalente a las cuentas cifradas que están prohibidas por ley por las regulaciones contra el lavado de dinero. Vale comentar que en Panamá existe la ley de cuentas cifradas desde 1959.

Estas empresas también ayudan a evadir impuestos. No obstante, las recientes normas internacionales obligan al banco a conocer quién es el beneficiario final de los fondos que maneja la empresa, y esta información debe proveerla a las autoridades internacionales que la requieran, siempre y cuando estén amparadas por un tratado bilateral.

El economista Francisco Bustamante explica: no es delito crear sociedades anónimas, sino que deliberadamente se elaboren esquemas para ocultar bienes o evadir impuestos.

¿Hubo complicidad de la firma panameña en la creación del esquema de sociedades donde es delito penal la evasión de impuestos en el país de origen del interesado? Esa pregunta la tienen que responder los tribunales.

¿SOCIEDADES MAL INTENCIONADAS?

La hipótesis la debe probar el Ministerio Público en la investigación que hace a los socios principales de la firma Mossack Fonseca y ciertos colaboradores por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía considera a la firma como una organización dedicada a vender productos financieros para ocultar bienes ilícitos, dentro y fuera de Panamá.

Los fiscales basan su acusación en la investigación realizada en Brasil por la venta de sociedades anónimas que sirvieron para ocultar coimas de los exfuncionarios de Petrobras e importantes políticos .

Y aunque la anterior investigación por blanqueo de capitales no se basa en los datos de la firma que dieron origen a los ‘Panama Papers’ —11.5 millones de documentos filtrados— el economista recomienda cautela a las autoridades y no fundamentar sus acusaciones en la documentación ventilada por 150 medios de comunicación de todo el mundo sin que hasta la fecha la Fiscalía haya logrado dictaminar cómo se obtuvo la información.

El fiscal que investiga el caso contra la propiedad intelectual de la firma, Ricaurte González, aún no cuenta con elementos que le permitan concluir que hubo un delito de seguridad informática.

La averiguación nace cuando Mossack Fonseca presenta una denuncia por ‘hackeo’ en su sistema, pero después de casi un año de investigación, el fiscal aún no logra determinar qué fue lo que ocurrió en el sistema informático de los abogados.

El perito especialista en informática Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dictaminó que dentro de las fechas de la inspección, posterior al 10 de marzo de 2016, hubo intrusiones indebidas.

Después de un año, la Fiscalía no ha determinado si la exposición de la documentación fue producto de un ‘hackeo’ o de una filtración interna.

González envió el expediente al tribunal solicitando un sobreseimiento provisional del caso hasta recabar evidencias que espera de asistencias judiciales del extranjero.

A raíz de la publicación de la filtración de millones de documentos de la firma, las autoridades de distintos países iniciaron investigaciones a algunos de sus naturales por posible delito de blanqueo de capitales a través de la firma Mossack Fonseca por el posible ocultamiento de dinero.

Así actuaron las autoridades de Estados Unidos, Argentina, España, Italia y Panamá, entre otros.

En Panamá, la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, después de casi un año de haber iniciado el proceso, retomó las averiguaciones luego de que el magistrado Oydén Ortega, de la Corte Suprema de Justicia, retornara el expediente de 34 tomos a la Fiscalía, tras resolver un amparo de garantías en el que dio luz verde al fiscal para agotar la pesquisa, aún vencido el plazo.

La firma apeló la decisión.

Según Zucman, la presión internacional hacia los paraísos fiscales, y exhibir públicamente a quienes ocultan sus dineros en estos sitios, es una de las fórmulas más efectivas para lograr la repatriación de capitales. Esto es precisamente lo que Panamá ha vivido en el último año con los ‘Papeles de Panamá’.

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OPINIÓN

Punto de vista desde el campo de batalla

El tema sobre la adaptación de legislación en el país en derecho corporativo no es nuevo. En palabras del exdirector de la Comisión Nacional de Valores Carlos Barsallo, en Panamá este rubro se ha caracterizado tradicionalmente por su flexibilidad, término que a su juicio es un eufemismo.

En el artículo ‘A View From the Battleground’ o ‘la vista desde el campo de batalla’, publicado en la página ‘The Governance Compliance’, expone que el derecho corporativo de Panamá siempre ha sufrido de debilidades estructurales, pero que la misma se ha cubierto por su ‘éxito’ en el negocio de la venta, como una mercancía, la corporación de Panamá, así como sus fundaciones y fideicomisos.

Panamá es el domicilio registrado de más de medio millón de sociedades panameñas y fundaciones – en un país con menos de cuatro millones de habitantes. En resumen, las empresas panameñas se venden a personas de todo el mundo, que tratan de limitar su responsabilidad y para mantener sus identidades en secreto.

Barsallo resume en cinco puntos las debilidades del sistema: lo primero que señala es la ausencia de un ente regulador especializado. Lo segundo, es la función de los abogados y el agente registrador, aunado a un problema en el propio modelo de negocio amparado por la confidencialidad profesional del abogado.

El tercer punto en la lista de Barsallo es el papel de los administradores y directores nominales que permite casos en los que una sola persona es nominada en 11 mil empresas, por ejemplo, una práctica que conduce a la irresponsabilidad. El cuarto, no levantamiento del velo corporativo y, por último, una noción limitada del concepto de blanqueo de capitales que ha sido lento y pasivo.